El abanico de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres es amplio, como el acoso sexual, la violencia sexual, el incesto, la explotación sexual de niñas y jóvenes, la apropiación del cuerpo de las mujeres. También están la maternidad forzada, la lesbofobia, los homicidios contra mujeres; aunada a la impunidad, a la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres y falta de políticas públicas que nos protejan. Además de la inequidad en la remuneración, el trabajo doméstico y la falta de servicios básicos que impacta mayormente a las mujeres.
Por otro lado, y pese a que los organismos de mujeres permanentemente presentamos propuestas de leyes, nuestras demandas ciudadanas no son atendidas; por el contrario los problemas que deberían retomarse desde el ámbito público – como las muertes de mujeres por abortos inseguros - son invisibilizados e incluso convertidos en delitos.
Todas las formas de violencia contra las mujeres son entendidas como FEMINICIDIO. Esta es una nueva propuesta de las feministas para entender este tipo de violencia basada en el ejercicio del poder masculino, y que va desde una humillación verbal hasta la expresión fatal como la muerte. En El Salvador, entre enero y septiembre del presente año, el Instituto de Medicina Legal registró 257 homicidios de mujeres. Según cifras oficiales, en un periodo de ocho años (1999-2006) los homicidios contra mujeres se incrementaron en un 224%.
Todas las formas de violencia contra las mujeres son entendidas como FEMINICIDIO. Esta es una nueva propuesta de las feministas para entender este tipo de violencia basada en el ejercicio del poder masculino, y que va desde una humillación verbal hasta la expresión fatal como la muerte. En El Salvador, entre enero y septiembre del presente año, el Instituto de Medicina Legal registró 257 homicidios de mujeres. Según cifras oficiales, en un periodo de ocho años (1999-2006) los homicidios contra mujeres se incrementaron en un 224%.
Al decir FEMINICIDIO nos referimos a las mujeres asesinadas y también a los atentados cotidianos y permanentes contra nuestra integridad, nuestros cuerpos, nuestras libertades y nuestras vidas como mujeres; cometidos por agresores conocidos y desconocidos, familiares, funcionarios públicos, representantes del Estado, de las iglesias, personas de confianza, etc.
Frente a esto, el Estado sólo muestra indiferencia. Y se convierte en agresor por partida doble al fomentar prácticas discriminatorias contra las mujeres y al negarse a crear nuevas leyes que nos garanticen una vida libre de violencia.
Prueba de ello es la falta de interés hacia los homicidios sistemáticos de mujeres, cuya cifra aumenta año con año, que no son investigados por las instancias correspondientes ni se proponen soluciones efectivas.
Además del desinterés, los discursos oficiales reflejan desconocimiento sobre este tema. Un ejemplo es el análisis que hacen atribuyendo toda la responsabilidad a las maras, pese a que diariamente la prensa salvadoreña refleja que el alto porcentaje de feminicidios ocurre en el espacio familiar y público, fuera del accionar de las pandillas.
Ante esta situación, las diferentes organizaciones de mujeres y las feministas independientes que conformamos la Concertación Feminista Prudencia Ayala, manifestamos:
- Que no existe voluntad política expresa y real por parte de los órganos del Estado para reconocer que los FEMINICIDIOS se producen en ambientes ideológicos, sociales, y culturales de machismo y misoginia.
- Que existe falta de interés e ineficiencia por parte de la Fiscalía General de la República para la investigación de los delitos cometidos contra las mujeres, lo que permite la impunidad sobre estos hechos, y más aún si se trata de violencia contra mujeres estigmatizadas socialmente, como las trabajadoras del sexo.
- Que existe deficiencia en la aplicación de las leyes y para la creación e implementación de políticas públicas que busquen prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Que existe falta de conocimiento y sensibilización sobre las leyes nacionales e internacionales por parte de las y los aplicadores de justicia.
Por tanto, EXIGIMOS a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial:
1. Políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con su respectivo presupuesto, en su compromiso de cumplir con las recomendaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y de la Relatora de los Derechos Humanos de las Mujeres, de las Naciones Unidas.
2. La investigación y esclarecimiento de los homicidios de mujeres, y en general, de los casos de violencia contra las mujeres.
3. La aprobación de la Ley de Protección Integral a Víctimas de Violencia, la cual lleva más de tres años esperando en la Asamblea Legislativa.
4. La ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW.
5. Aplicación adecuada de la legislación nacional y de los compromisos internacionales ante los casos de violencia contra las mujeres.
6. Reconocimiento y aplicación del concepto de FEMINICIDIO, en relación a la violencia contra las mujeres.
Prueba de ello es la falta de interés hacia los homicidios sistemáticos de mujeres, cuya cifra aumenta año con año, que no son investigados por las instancias correspondientes ni se proponen soluciones efectivas.
Además del desinterés, los discursos oficiales reflejan desconocimiento sobre este tema. Un ejemplo es el análisis que hacen atribuyendo toda la responsabilidad a las maras, pese a que diariamente la prensa salvadoreña refleja que el alto porcentaje de feminicidios ocurre en el espacio familiar y público, fuera del accionar de las pandillas.
Ante esta situación, las diferentes organizaciones de mujeres y las feministas independientes que conformamos la Concertación Feminista Prudencia Ayala, manifestamos:
- Que no existe voluntad política expresa y real por parte de los órganos del Estado para reconocer que los FEMINICIDIOS se producen en ambientes ideológicos, sociales, y culturales de machismo y misoginia.
- Que existe falta de interés e ineficiencia por parte de la Fiscalía General de la República para la investigación de los delitos cometidos contra las mujeres, lo que permite la impunidad sobre estos hechos, y más aún si se trata de violencia contra mujeres estigmatizadas socialmente, como las trabajadoras del sexo.
- Que existe deficiencia en la aplicación de las leyes y para la creación e implementación de políticas públicas que busquen prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Que existe falta de conocimiento y sensibilización sobre las leyes nacionales e internacionales por parte de las y los aplicadores de justicia.
Por tanto, EXIGIMOS a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial:
1. Políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con su respectivo presupuesto, en su compromiso de cumplir con las recomendaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y de la Relatora de los Derechos Humanos de las Mujeres, de las Naciones Unidas.
2. La investigación y esclarecimiento de los homicidios de mujeres, y en general, de los casos de violencia contra las mujeres.
3. La aprobación de la Ley de Protección Integral a Víctimas de Violencia, la cual lleva más de tres años esperando en la Asamblea Legislativa.
4. La ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW.
5. Aplicación adecuada de la legislación nacional y de los compromisos internacionales ante los casos de violencia contra las mujeres.
6. Reconocimiento y aplicación del concepto de FEMINICIDIO, en relación a la violencia contra las mujeres.
